Con el propósito de actualizar conocimientos tendientes a garantizar la confiabilidad de los resultados y desarrollar competencias para homologar criterios, el Departamento de Salud Ambiental del Instituto de Salud Pública de Chile realizó un curso de Toma de Muestras de Agua de consumo humano, instancia que reunió a representantes de la Red de Salud Pública del país dependientes de las Seremis regionales.
La evaluación de la calidad del agua se realiza mediante una serie de análisis de laboratorio con el propósito de identificar cualitativa y cuantitativamente las características físicas, químicas y biológicas más importantes que pueden afectar su uso real y potencial, como el tipo y grado de tratamiento requerido para un adecuado acondicionamiento.
A fin de garantizar la confiabilidad de los resultados que arrojen los análisis de laboratorio dependientes de la Red de Salud Pública del país, además de procedimientos, el Instituto de Salud Pública de Chile, en su rol de Laboratorio de Referencia Nacional, permanentemente se encuentra programando estos encuentros para actualizar conocimientos e informar sobre la evaluación y la gestión de los riesgos asociados a los peligros de tipo microbiano y con evaluaciones cotejadas por expertos internacionales de los riesgos asociados a determinados productos químicos.
El jefe del Departamento de Salud Ambiental, Dr. Rubén Verdugo señaló que este encuentro busca crear el espacio necesario para fortalecer la salud pública nacional “haciéndonos parte de las funciones esenciales establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la adecuada gestión de una autoridad sanitaria, particularmente, la vigilancia y fiscalización. Consideramos necesario resaltar con ustedes algunos aspectos que permitirán complementar la labor diaria que ustedes realizan”, dijo durante las palabras de apertura del encuentro.
Es preciso señalar que la labor de las SEREMIS de Salud del país tiene competencias fiscalizadoras para constatar la calidad del agua para el consumo humano sólo para los sistemas de Agua Potable Rural (APR), los cuales son servicios que se prestan en áreas territoriales calificadas como rurales o agrícolas conforme con los respectivos instrumentos de planificación territorial (Plan Regulador).
Estos sistemas se forman y constituyen como un servicio particular, bajo la forma de un Comité o Cooperativa u otra figura jurídica que acuerden los interesados, obteniendo los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, a través de los respectivos Servicios de Salud del Ambiente.
No les son aplicables las normas legales y reglamentarias de los servicios públicos sanitarios que prestan las concesionarias dentro de sus respectivos terrenos concesionados, las cuales son reguladas y fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
No obstante los sistemas rurales deben cumplir con las normas sobre calidad de los servicios (Título III, D.F.L. MOP Nº382/88) y las normas técnicas respectivas. El precio por los servicios que prestan se regula por las disposiciones estatutarias de cada comité o cooperativa. La fiscalización de la calidad de los servicios corresponde a los Servicios de Salud del Ambiente dependientes del Ministerio de Salud.
En este contexto, el Dr. Verdugo destacó la importancia del fortalecimiento de información oportuna y de calidad “lo cual significa entender que una información de calidad lleva implícito la rigurosidad del muestreo y la fiabilidad de los resultados analíticos generada en los laboratorios. Esta sinergia entre ambos procesos, constituyen la piedra fundamental de la información que, con una mirada epidemiológica, permite a la autoridad sanitaria tomar decisiones en salud pública que protegen a la población”, enfatizó.
“El objetivo de este curso tiene el objetivo de ir profundizando cada día más en torno a sus competencias y al rol que juegan en este proceso, y de esta manera podremos avanzar en la generación de información, que es el verdadero valor agregado de nuestra función”, precisó el Dr. Verdugo.
El acceso al agua potable abarca las localidades rurales semiconcentradas a lo largo de todo el país, y corresponden a aquellas áreas que tienen entre 8 y 15 viviendas por kilómetro de red de agua y más de 80 habitantes. Esto dado que la cobertura en las zonas más concentradas, que tienen más de 15 viviendas por kilómetro de red y sobre 150 habitantes, alcanza más del 99% a nivel nacional.